Luis Britto García

Cuadernos Nuevo Sur Sudaca

N° 20, abril-junio 2006

Las guerras del agua

Este trabajo del escritor, economista, abogado y “corsario” Luis Britto García, además de demostrar que siguen “abiertas las venas de América Latina” - para parafrasear a Eduardo Galeano-, alerta acerca de las guerras por el agua que se han librado y que deben seguir librándose no solamente en América Latina, sino en el planeta entero.  Los “profetas del desastre” han advertido reiteradas veces que el agua, único garante de la vida y por tanto no mercantilizable y derecho fundamental de la humanidad, está en grave peligro de extinción, ubicando el siniestro en un futuro incierto pero cercano… salvo que el futuro ya comenzó. 

La guerra del agua en Cochabamba

¿Cómo se instaura la dictadura de la sed? Para dominar a los seres humanos es necesario arrebatarles la naturaleza que les pertenece.  Esto se logra mediante políticos que despojan del agua a todos para entregarla a las transnacionales.  En septiembre de 1999 la Superintendencia de las Aguas boliviana otorga por cuarenta años el monopolio de los recursos hídricos de la región de Cochabamba a Aguas del Tunari, empresa fantasma inventada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, con ínfimo capital de 2.500 dólares.  Acaparan el pastel accionario la española Abengoa con 30%, y con 55% Water UK, subsidiaria de la Bechtel, la misma que ahora pretende reservarse la reconstrucción de Irak. En octubre, la Cámara de Senadores corta a la medida de esas transnacionales la infame Ley 2.029, que privatiza los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, viola todos los usos y costumbres locales de los agricultores e indexa  tarifas según el índice de precios al consumidor de Estados Unidos.  Los usuarios costean la inversión financiera de los nuevos dueños del agua pagando por ésta entre la cuarta parte y la mitad de su ingreso familiar, mas un pesado impuesto.

¿Cómo se vive bajo la dictadura de la sed? El dirigente Oscar Olivera declara para el documental La Corporación, de Mark Achbar y Jennifer Abbot: “Esta ley, este contrato, prohibían a la gente acumular el agua de la lluvia, por lo tanto el agua de la lluvia también fue privatizada, la factura de agua le daba un valor legal a la empresa para que pueda apropiarse de su propiedad de su vivienda rematando la misma; la gente debía optar por la decisión de comer menos, pagar por el agua, pagar por los servicios básicos, dejar de enviar a los niños a la escuela, no asistir a los hospitales y curarse en la propia casa o en todo caso gente jubilada por ejemplo que tiene una renta muy, muy baja, debería buscar trabajo en las calles”. 

¿Cómo se protesta contra la dictadura de la sed? Traicionado por los partidos tradicionales, por el Poder Legislativo y el gobierno, el pueblo los abandona y se organiza como Movimiento Social: la Federación Departamental de Regantes, el Comité de Defensa del Agua, y finalmente la Coordinadora Departamental por el Agua y la Vida, que integra movimientos laborales, estudiantiles, docentes, ambientales, vecinales.  Las autoridades no oyen.  En noviembre de 1999 los campesinos bloquean los accesos a Cochabamba.  Las autoridades no escuchan. A comienzos de 2000 los campesinos protagonizan un nuevo bloqueo, combinado con movilizaciones urbanas.  Las autoridades prolongan su sordera mediante feroz represión y negociaciones planeadas para no llegar a nada.  En febrero de 2000 la Coordinadora ejecuta pacíficamente quemas públicas de facturas de agua y la Toma Simbólica de Cochabamba.  El gobierno se tapa los oídos, hiere veintidós personas, secuestra más de cien.  En marzo la Coordinadora lanza un referéndum que logra un 90% de apoyo popular, y desde el 4 de abril el pueblo corta de nuevo las vías, toma Cochabamba, y se instala en forma multitudinaria en la Plaza Central, hasta romper los tímpanos de las autoridades al grito de “¡Aguas del Tunari, Go Home!”

¿Cómo se pelea contra la dictadura de la sed?  De nuevo testimonia Oscar Olivera para el documental  La Corporación: “Con la consigna de ‘¡El agua es nuestra, carajo!’, la gente sale a las calles, sale a los caminos y protesta.  Entonces ahí sí vimos que el gobierno defendía los intereses de la trasnacional Bechtel.  Porque la gente quería agua, y no gases, la gente quería justicia, y no balas.  Salieron centenares de heridos jóvenes que a los 16 o 17 años perdieron piernas, perdieron brazos, por las heridas quedaron paralíticos, quedaron lesionados de la cabeza de por vida y murió Víctor Hugo Daza”.  Virginia Amurrio, dirigente de la Federación de Regantes de Cochabamba, presente en Cotía, narra para el International Press Service que los bloqueadores de carreteras mantuvieron ”enfrentamientos feroces” con la policía, que las mujeres participaron en las reuniones, en la toma de decisiones y en las peleas con la policía, “con hondas, piedras, mordiscos”, al ver a “los varones masacrados, heridos o muertos”.  Noticieros del momento muestran la apacible Cochabamba convertida en campo de batalla: “Éstas son las imágenes que reflejan definitivamente la situación que vivió Cochabamba durante la jornada de este viernes.  Prácticamente estuvo sitiada...”

¿Cómo se triunfa contra la dictadura de la sed? Según testimonia Carlos Crespo Flores, “En abril del 2000, durante casi una semana el poder del Estado prácticamente desapareció en el valle de Cochabamba; la ciudad estaba tomada por la multitud y las carreteras totalmente bloqueadas, a pesar del estado de sitio decretado.  El Estado estaba asustado con la impronta cochabambina, y tuvo que retroceder, accediendo a la demanda de anulación del contrato de concesión con el consorcio transnacional ‘Aguas del Tunari’ y la modificación de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.  Luego de quince años de neoliberalismo, un movimiento social urbano rural había logrado detener la estrategia de disciplinamiento capitalista desplegada con el ajuste estructural”. (Crespo Flores, Carlos: “La Guerra del Agua en Cochabamba”, 10-4-03).

La guerra del agua en Venezuela

A comienzos de 2004, con sólo 40 legisladores de los 165 de la Asamblea Nacional venezolana (43 menos del quórum de la mitad más uno necesario para sesionar), con 36 parlamentarios oficialistas de los cuales sólo 25 eran principales, sin presencia de los jefes de las fracciones políticas, en dos horas se aprobaron los 87 artículos de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Estadal con un procedimiento que el reportero Alejandro Botía califica de fast track (“El impuesto estadal y los 40 legisladores”; Tal Cual, 20-2-04, p.3). Nada más certero: por vía de fast track impone el ALCA sus dictados de irrestricta privatización de aguas, lagunas y lagos, que en esa sesión fueron incorporadas a la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Estadal (LOHPE).

En efecto, el artículo 6 de dicha Ley atribuye a los Estados dos categorías de bienes: los  del dominio público estadal que “son inalienables e imprescriptibles” y no pueden ser vendidos, cedidos ni adquiridos por prescripción, y los del dominio privado, que sí pueden ser vendidos o enajenados por los Estados.  Entre los bienes del dominio público esta Ley asigna a los Estados “las vías terrestres estadales y los espacios acuáticos correspondientes a ríos, lagos y lagunas ubicados en su territorio”.  Añade dicho artículo que los bienes no enajenables del dominio público “pueden adquirir la condición de bienes enajenables mediante desafectación sancionada, a solicitud del gobernador, por Acuerdo del Consejo Legislativo con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes.  En el expediente de desafectación debe constar la opinión del Procurador del Estado y del Contralor del Estado”.  En dos palabras: ríos, lagos y lagunas pasan del dominio público no enajenable al dominio privado, que puede ser vendido por contrato.

Así, cuarenta legisladores alzaron sus manos para que ríos, lagunas y lagos puedan ser bienes vendidos, cedidos o donados por un Consejo Legislativo. Se podría hipotetizar que votaron con desaprensión o ignorancia: nunca se los ha visto alzar sus manos en forma desaprensiva o ignorante para rebajarse sus salarios.  Cuarenta legisladores de unos pocos Consejos Legislativos podrían asimismo alzar sus manos para que fueran vendibles el Lago de Maracaibo, la Laguna de Valencia, el Apure, el Caroní, el Orinoco, el Delta y en general las fuentes de energía hidroeléctrica de Guayana y del país.  No faltarían cuarenta compradores.  Como en el México del Tratado de Libre Comercio, como en la Bolivia de Aguas del Tunari, las aguas del dominio público pasarían a la propiedad privada de  pocas transnacionales.

Quien toma un dedo, arranca el brazo.  El artículo 52 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Estadal permite a los estados “crear tributos aplicables a la exploración en busca de minerales no metálicos no reservados por la Constitución al Poder Nacional; salinas ostrales y perlas, y por la realización en sus respectivos territorios de actividades de exploración en busca de los mismos”.  Pero la Constitución en el numeral 16 de su artículo 156 justamente reserva al Poder Nacional, en forma genérica, “el régimen y administración de las minas e hidrocarburos”. Ninguna norma distinta de la Constitución puede crear excepciones, reservas o salvedades a ella. 

Ley que crece torcida, nunca su ALCA endereza.  El artículo 26 del texto citado  pauta que “los estados podrán celebrar contratos de estabilidad tributaria con contribuyentes o categorías de contribuyentes, con el propósito de asegurar a la inversión continuidad en el régimen relativo a sus tributos constitucionales y asignados, sin perjuicio de la potestad constitucional que corresponde al Poder Nacional con respecto a la competencia tributaria”.  Pocas veces un solo artículo acumuló tantas violaciones contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  Entre otras, contradice: 1) El artículo 317 de la Constitución, al colocar como fuente de la obligación tributaria el contrato y no la ley.  2) El artículo 21 de la Constitución, que establece la igualdad ante la Ley, al crear dos tipos de personas: las que contraten “estabilidad tributaria”, inmunes a las alzas de impuesto, y las que no puedan contratarla, quienes deberán pagar los nuevos impuestos y en definitiva lo que los otros dejen de pagar.  Vía ALCA-fast-track regresamos al absolutismo, cuando las castas privilegiadas no pagaban impuestos, y las “castas viles” pagaban por ellas.  Para ello, el artículo 38 de la LOHPE crea un Impuesto a las Ventas Minoristas; y su artículo 70 nos obliga a cancelar impuestos especiales anticipadamente por el valor que podría añadir a nuestros bienes una obra pública (que, justamente, se hace con nuestros impuestos). Afortunadamente, no tuvimos que cancelarlo cuando comenzó la autopista de Oriente.

Para uncir un país a la dictadura de la sed es preciso desarticularlo.  Otros artículos del citado texto legal incomunican el país al legalizar peajes sin prever  control de la percepción y aplicación de sus ingresos; otros desarticulan el sistema judicial al permitir a cada Estado emitir timbres fiscales y papel sellado y rechazar el de los demás, otros transfieren a los Estados el 25% de la recaudación de impuestos nacionales dificultando la equitativa redistribución de su producto.

El proyecto de la Ley mencionada fue guardado en tal secreto que la página web de la Asamblea Nacional informaba que sólo se lo daría a conocer después que  fuera publicada en Gaceta Oficial, vale decir, después de que fuera promulgada por el Presidente.  A pesar de ello, logramos conocer una copia de la norma ya aprobada por la Asamblea, lo cual permitió dirigir críticas jurídicas del texto a la mayoría de los funcionarios cuyas competencias pudieran verse afectadas por ella.  Se dirigieron comunicaciones al Vicepresidente de la República, al Banco Central de Venezuela, al Ministro de Finanzas, a la Procuraduría General de la República, a Hidrocapital y al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.  Se verificó que estas dos últimas instituciones no habían sido informadas de una materia que les competía directamente.  De inmediato, organicé una rápida campaña por los medios de comunicación y una recolección de firmas –entre las cuales figuraron las de Ernesto Cardenal y Eduardo Galeano- para detener el proyecto.  Los recaudos fueron entregados al Presidente de la República Hugo Chávez Frías, quien me manifestó que no había sido informado del contenido del proyecto, y que ejercería el derecho de veto consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  Gracias a ello, Venezuela tiene todavía lagos, lagunas y ríos.  Por el tiempo que logre protegerlos contra legisladores desaprensivos o rapaces.  Aunque usted no lo crea, después del veto presidencial una fracción parlamentaria insiste en sancionar el proyecto vetado, y a comienzos del año 2006 el gobernador del estado Zulia, cómplice del golpe de abril de 2002, apoya un turbio proyecto secesionista que invoca como bandera los postulados de la ley vetada.

La guerra del agua en Uruguay

Las guerras del agua se libran en las calles, pero también en la conciencia.  El 31 de octubre de 2004 también los uruguayos rechazan en referéndum la privatización de sus aguas, luego de vasta campaña para concientizar a la población sobre la importancia del tema.  Si las estrategias del Imperio para arrebatarnos las aguas son siempre las mismas, las formas de derrotarlas son diversas, y más eficaces mientras más tempranas.  En defensa de la humanidad, todas las constituciones del planeta deberían incluir una específica declaración de la condición de patrimonio público no enajenable de aguas, ríos, lagos y lagunas, así como la prohibición de privatizar las aguas y los sistemas de recolección, distribución y purificación de ellas. No hay dictadura más feroz que la de la sed, ni violencia mayor que la que se hace a un organismo individual o social al condenarlo a ella.

La guerra del agua en Argentina

En Buenos Aires la privatización del servicio de acueductos arrancó en 1993.  Es costumbre de los inversionistas neoliberales recuperar su inversión casi de inmediato.  Argentina no fue la excepción: abruptas y continuas elevaciones de tarifas detonaron en 1966 los primeros movimientos de protesta por el alza de los precios del agua.  El gobierno finalmente supervisó el cumplimiento de los acuerdos y descubrió que para 1997 la concesionaria apenas había instalado la tercera parte de las redes subterráneas y estaciones de bombeo que había prometido tener operativas para entonces, y que el gasto en alcantarillados no pasaba de 9,4 millones de dólares estadounidenses, apenas la quinta parte de lo previsto (ICU 2003vb, Ceerter y Schagnodsky, ICU 2003d, PNUD 2003 132).

Estrategia de las guerras del agua

Las guerras del agua no tienen límite ni fin.  En el Taller “El agua: ¿derecho humano o mercancía?” en el curso del Foro Social de Quito en 2004 expongo la batalla venezolana  contra la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Estadal que intentó privatizar lagos, lagunas y ríos.  Los uruguayos explican su campaña de recolección de firmas para una reforma constitucional que evite la privatización de sus aguas.  Los ecuatorianos exponen cómo Guayaquil entregó las aguas a una transnacional y ésta cortó el servicio a escuelas y hospitales.  Los colombianos denuncian que en Medellín una transnacional tiene a 250.000 personas sin el líquido, y advierten que viene la guerra del agua.  En los televisores ominosas propagandas del Banco Mundial anuncian: “Trabajamos por el agua”. 

Las lecciones de estas batallas son claras.  La ofensiva para el acaparamiento de las aguas, como la del monopolio de las tierras, arranca con invasiones que toman el sistema legal como cabecera de playa para legitimar el despojo.  La primera barrera de contención ha de ser asimismo legal.  Los países de América Latina y el Caribe deben adoptar un régimen basado en los siguientes principios: 1) Declaración constitucional explícita de que las aguas son patrimonio social, no susceptible de apropiación privada.  2) Reserva constitucional para el sector público de las instalaciones y funciones de recolección, almacenamiento, tratamiento y distribución de las aguas, así como las de saneamiento.  3) Gerencia de la administración de las aguas en términos de interés social.  4) Régimen internacional mediante acuerdos bilaterales y multilatelares para ordenar el uso y el mantenimiento de las aguas fronterizas o cuyo uso por alguna de las partes pudiera afectar los derechos de las otras.

Las guerras del agua, como todas las restantes, tienden a la escalada.  Así como se libran en el campo jurídico, pasan al campo y a la calle con la apelación a la opinión pública, la incorporación de los partidos y la agregación de esa coalición de grupos, asociaciones, individualidades y sectores que constituye un movimiento social. Como los demás conflictos, se debaten en condiciones de brutal asimetría entre los poderes institucionales de corporaciones y Estados y los poderes creativos del pueblo.  Si el agua es vida, nuestros movimientos sociales luchan por ambas.